LA PAZ.- La juez boliviana Betty Yañíquez dictó arresto domiciliario y prohibición de viajar, por supuesto vínculo con terroristas, al general retirado Gary Prado Salmón, el militar que capturó en 1967 al guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, informan medios locales.
Yañíquez presidió anoche en la ciudad oriental de Santa Cruz una audiencia de medidas cautelares en un cuartel policial y ordenó también el arresto domiciliario de otros dos acusados de participar en un presunto plan para la secesión del este del país, bastión de la oposición al presidente boliviano, Evo Morales.

"Me parece hasta risible que un general, con toda la trayectoria que he tenido, se vaya a poner a órdenes de un mercenario", dijo Prado al fiscal del caso, Marcelo Soza, según la prensa local.
Soza acusa al militar retirado de haber tenido contactos con el húngaro-croata Eduardo Rosza, señalado por las autoridades bolivianas como cabecilla de una banda terrorista que presuntamente promovía la secesión y planeaba asesinar a Morales.

Rosza y dos colaboradores murieron en abril de 2009 en una polémica incursión de policías a un hotel de Santa Cruz.

Prado comandaba el 8 de octubre de 1967 el pelotón que capturó al "Che" cerca del pueblo de La Higuera, en el sureste de Bolivia, donde un día después el rebelde fue asesinado por un sargento.
Un hijo del general jubilado, Gary Prado Arauz, también fue detenido recientemente en relación con el mismo caso.

Los otros acusados a quienes se dictó anoche arresto domiciliario y prohibición de salir del país son el médico Juan Carlos Santistevan, jefe de la Falange Socialista Boliviana (derecha), y Ronald Castedo, ex presidente de la firma telefónica Cotas.

El diario cruceño "El Deber" destaca hoy que Yañíquez, "jueza del distrito judicial de La Paz, procesó un supuesto delito ocurrido en la jurisdicción de Santa Cruz y en un recinto policial situado a más de 1.000 kilómetros de su juzgado".

A la misma hora de la audiencia, el gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, encabezaba una manifestación contra una ley que promueve Morales para suspender a los líderes opositores que ganaron los comicios regionales del pasado 4 de abril en el oriente boliviano, la zona más próspera de Bolivia.
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